Si el presidente colombiano Juan Manuel Santos no estuviera convencido de que un acuerdo de paz está realmente al alcance de la mano, jamás se hubiera tomado esa foto.
Y, por eso mismo, la instantánea en la que aparece estrechando la mano del líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es casi una garantía de que las conversaciones con la más grande y vieja de las guerrillas colombianas pronto van a rendir frutos.
Lo que no significa, sin embargo, que la historia tenga garantizado un final feliz.
Como para recordarlo, la imagen en la que Santos estrecha la mano de Timoleón Jiménez, "Timochenko", bajo la mirada del presidente cubano, Raúl Castro, trae inmediatamente a la mente otra foto histórica.
En ella, el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, también le da la mano a un adversario de años: el líder de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasir Arafat.
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Quien observa, orgulloso del acuerdo alcanzado, es también otro presidente: en este caso el de Estados Unidos, Bill Clinton.
Y, curiosamente, esa instantánea también fue capturada un día de septiembre, aunque del año 1993.
En esos días, el final de un conflicto histórico también parecía al alcance de la mano.
Ese apretón en frente de la Casa Blanca sellaba el denominado "Acuerdo de Oslo", el primero jamás suscrito entre los palestinos e Israel.
Pero 22 años después, el final de ese conflicto parece más lejano que nunca.
Y la lección de ese y otros apretones auspiciosos, que luego no quedaron en nada, tal vez rondaba en la cabeza del presidente Santos cuando, luego de la foto con Timochenko, recordó: "No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar".
Salvedades y pendientes
Efectivamente, antes de llegar a un acuerdo gobierno y FARC todavía tienen que consensuar dos de los puntos de la agenda.
También resolver el tema de las "salvedades" de las FARC que se han ido acumulando durante la negociación, pues los acuerdos parciales suscritos hasta el momento solo fueron posibles en el entendido de que sus reservas sobre ciertos temas volverán a ser objeto de discusión.
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En el tema de desarrollo rural, por ejemplo, estas salvedades incluyen temas como el latifundio, los conflictos por el uso del suelo y hasta la posible revisión de los tratados de libre comercio.
En el tema de participación política todavía habrá que discutir –entre otras cosas– una posible reforma política que podría incluir la elección popular para cargos como contralor, fiscal y procurador general, pero también la democratización de los medios de comunicación.
Mientras que en el tema de lucha contra las drogas, las salvedades de las FARC van desde temas puntuales como la erradicación forzosa de cultivos a través de la aspersión aérea a planteamientos más generales sobre la necesidad de crear una nueva política para el combate a las sustancias ilícitas.
Y la lista de pendientes no se agota ahí.
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Antes de regresar a esas "salvedades" los negociadores en La Habana todavía tienen que avanzar en los temas sobre los que no se han anunciado acuerdos preliminares aún.
La discusión sobre justicia y reparación de víctimas, por ejemplo, todavía está pendiente de acuerdos sobre ese último aspecto, por más que los puntos más difíciles ya hayan sido superados.
Las partes tampoco han terminado de discutir el mecanismo para la dejación de armas, si bien el compromiso de las FARC de comenzar a dejar las armas no más de 60 días después de firmado un acuerdo final sugiere que se ha avanzado significativamente en esa discusión.
Y también está pendiente consensuar los mecanismos de refrendación, implementación y verificación de los acuerdos, un tema sobre el que las dos partes hasta el momento han expresado visiones muy diferentes.
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Las FARC, por ejemplo, han insistido desde el principio en la necesidad de convocas a una asamblea constituyente.
Pero la promesa de darle la última palabra a los colombianos hecha por Santos el miércoles, sugiere que el mandatario sigue pensando en algo más parecido a un referendo o una consulta popular.
Examen final
Ese será, además, el examen final y definitivo de cualquier acuerdo alcanzado en La Habana, lo que lo convierte en el gran pendiente del proceso que quiere acabar con el conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental.
Y no será un examen fácil: en el país no todos ven con buenos ojos el detalle de algunos de los acuerdos alcanzados.
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Y además de tener que defender el acuerdo en la arena política, en contra de opositores como el expresidente Álvaro Uribe, el gobierno colombiano también podría verse obligado a dar una batalla legal.
Efectivamente, expertos como el director ejecutivo de Human Rights Watch para el continente americano, José Miguel Vivanco, ven problemas en el modelo de justicia transicional acordado en La Habana con la guerrilla.
"Sin perjuicio de que el Acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz contempla esfuerzos para promover la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, lo cierto es que éste acuerdo permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión" destacó Vivanco.
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"Es difícil imaginar que ésta fórmula de justicia transicional supere un escrutinio riguroso en la Corte Constitucional colombiana o, en última instancia, en la Corte Penal Internacional", aseguró.
Y antes de llegar ahí, el acuerdo también tendrá que conseguir el apoyo de unos colombianos que, según las encuestas, también están mayoritariamente opuestos a la idea de que los máximos comandantes de la FARC no paguen cárcel y puedan ser candidatos a cargos de elección popular.
El factor Uribe
Esa batalla por la opinión pública, que podría resolverse en las urnas, se anuncia dura, con el tremendamente popular Uribe liderando la carga contra cualquier acuerdo suscrito en La Habana.
Y además de a aquellos que creen que la fórmula de "restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales" equivale a impunidad, Uribe seguramente también intentará captar para su causa a aquellos sectores que podrían sentirse amenazados por los acuerdos.
Efectivamente, en la negociación el gobierno colombiano ha reconocido que los guerrilleros no son los únicos con responsabilidades en el conflicto.
Y, como consecuencia, por los tribunales de la "Jurisdicción Especial para la Paz" anunciados el miércoles tendrían que pasar tanto miembros de las FARC como de las fuerzas de seguridad colombianas, políticos y empresarios que deban responder por acciones cometidas durante el conflicto armado.
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"Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia (…) quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel", es, en ese contexto, una de las quejas de Uribe.
"Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel", argumentó también.
Y si frente a estos y otros ataques Juan Manuel Santos no logra convencer a los colombianos de las bondades de lo que se acuerde en La Habana, la paz en Colombia podría perder esta oportunidad.
Aunque muchos en Colombia tampoco pierden de vista que un acuerdo es a penas un primer paso hacia la paz misma, pues todavía quedaría por delante el gigantesco reto de la implementación de los acuerdos y el de la reconciliación.
Aunque ese es un primer paso que, por el momento, Colombia finalmente parece dispuesta a dar.
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